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El desgobierno de Ortega llegó primero a la Costa

Antes de los sucesos de abril, Awas Tingni era quizá uno de los mejores ejemplos del desgobierno y el abandono estatal.

Esa comunidad mayangna, dueña de 73,000 hectáreas, que años atrás peleó su derecho a la tierra antes instancias internacionales, y no sólo ganó, sino que obligó al estado nicaragüense a legislar sobre las tierras indígenas, ha sido víctima a vista de instancias estatales de una violenta invasión en sus tierras. Alrededor de unas 2,000 familias de colonos que se han repartido 50 manzanas cada una, se instalado en sus tierras.  

Lo mismo ha sucedido en territorios más pequeños como el sector de las Diez Comunidades, más cerca de Bilwi, donde se han asentado unas cien familias que se han adueñado de unas 5,000 manzanas.

Líderes comunitarios han denunciado ante las distintas instancias gubernamentales la invasión y la violencia sistemática que ha dejado muertos, de ambos bandos, y una tensión permanente que provoca desplazamiento y horror entre algunos comunitarios.

Instancias como la Fiscalía, Policía Nacional, Comisión de Demarcación, Gobierno Regional, han hecho caso omiso al reclamo de los indígenas, dice Juan Carlos Ocampo Zamora, líder y juez del bloque de Diez Comunidades.   

El saldo de las invasiones, y la desatención estatal, se resumen en 34 asesinatos de indígenas, cuatro desaparecidos y una mujer violada. Ninguno de estos casos se ha investigado ni aclarado, detalla Ocampo quien alcanzó a mencionar estos datos en la mesa de Diálogo.  

“La invasión de las tierras es el último bastión de la resistencia de las comunidades indígenas. Frente a la discriminación y desconocimiento del Estado, si nos quitan nuestras tierras, después sólo nos va a quedar nuestra lengua y nuestra comida, la tierra es fuerte componente de nuestra identidad”, insiste el líder.

Ante la agobiante situación, en el 2016, agotaron una de las últimas cartas. Abogaron ante el nuncio apostólico, Fortunatus Nwachukwu, para que le entregara una carta al mandatario, Daniel Ortega, solicitándole una reunión con los líderes indígenas, pero nunca hubo respuesta.

Desbaratan tierras indígenas

El gobierno regional, al que consideran inoperante y del que no se conoce ni cuál es la agenda, les ha dicho a los líderes indígenas que el tema de la tierra es un caso cerrado, a pesar que la Ley 445 establece una etapa de “saneamiento” de los territorios que nunca se hizo.

Y, mientras el Estado les da la espalda, los colonos siguen invadiendo tierras indígenas. Entran, abren trochas, quiebran mojones, cambian los nombres de cerros, ríos, de puntos de referencia para los indígenas, contaminan los ríos y quebradas, que han sido las fuentes naturales de agua potable en la región, también, tumban el bosque y siembran granos básicos, maíz y frijoles.

En algunos casos, incluso, se han instalado servicios básicos. No se respeta que “la propiedad a la que están entrando es ajena”, dice el comunitario.

Se repite el ciclo de las reservas naturales. Tras la agricultura llega la ganadería. Pero la ganadería no siempre es el propósito final. Hay intereses económicos poderosos en la región, que quieren implantar la ganadería extensiva, monocultivos, se mencionan concesiones mineras en algunos sectores.

A esos grupos económicos les interesa la penetración de colonos porque es más fácil comprarles, luego, a ellos las tierras usurpadas que arrendárselas a los pueblos indígenas, como debería ser, explica Ocampo. 

Las comunidades resisten, pero ante tanta indefensión viven atemorizadas. “En las comunidades hay mucho miedo porque los colonos están armados, hay bandas armadas, llegás a poner las denuncias a la Policía y ni te reciben. La fiscalía no recibe en esas denuncias. El gobierno regional se compromete y dice que está haciendo cosas, pero no hace nada al final”, relata Ocampo.

En las comunidades esperarían que el gobierno los indemnice por el daño a sus bosques, que aplique la justicia contra los que ha cometido delitos, porque hay mucha impunidad, que sea reformado el gobierno regional.

“La Corte Interamericana de Derecho, decía que las elecciones en la costa debían ser conforme a tradición y no por partido, por suscripción popular, que no respondan a intereses, sino a personas que lo han elegido. Cada grupo étnico tenga igual cantidad de representantes en los gobiernos regionales, eso para permitir que haya igualdad en el trato de los asuntos. Se necesita despolitizar y despartidizar las instituciones”, dice Ocampo.

Con la esperanza de que alguien tome cartas en la realidad costeña, Ocampo se presentó ante los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que estuvieron hace poco en el país.

Lo recibieron y escucharon. Pero le aclararon que en este momento sólo investigarían los hechos desencadenados a partir del 18 de abril. Escuchar el relato de la Costa Caribe, incluirlo en la agenda del país sigue pendiente considera este habitante.

“En la costa han muerto más de 34 no se han investigado, cuando se dan enfrentamientos también los colonos sufren, hay familias de ellos. En Nicaragua nadie debería recurrir a las armas para resolver sus problemas, si tuviéramos un estado a la altura, pero no las tenemos entonces el Estado es responsable de las violaciones que sufren las poblaciones, lo que han pasado con los estudiantes es la punta del iceberg, no es un hecho aislado, es resultado de cómo se ha manejado la situación del país”, dice Ocampo.  

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Fotografía por: Tim Lewis
Cocina mayagana y sala de estar, Awas Tingni, Nicaragua – el desayuno y el café burbujean sobre el fuego, las botas de los equipos se agregan alrededor de los bordes en un intento de secarlos