Falta de educación sexual formal e institucionalización religiosa pesan sobre el alto índice de embarazos en adolescentes y jóvenes

El alto índice de adolescentes embarazadas en Nicaragua, que alcanza el 24%, se debe según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en su informe del 2013 a la desigualdad de género, obstáculos a los derechos humanos, pobreza, violencia y coacción sexual, políticas nacionales que restringen el acceso a anticonceptivos y educación sexual adecuada a la edad, falta de acceso a educación y servicios de salud reproductiva y subinversión en el capital humano de niñas adolescentes.

Organizaciones de sociedad civil coinciden en afirmar que para Nicaragua, al presentar índices sólo superados por los de África subsahariana en el informe del UNFPA, sigue siendo un reto de país la educación sexual desde el gobierno como política pública. Ante este vacío consideran que las familias esperan que la escuela asuma esa responsabilidad y viceversa. 

En el texto “Educación de la Sexualidad: Guía básica de consulta para docentes”, creado por el Ministerio de Educación (MINSA), se afirma en su marco metodológico que “La guía constituye un paso más en el fortalecimiento de la educación integral. No es un libro de texto para impartir clases, debe utilizarse como material de consulta sobre los temas de educación de la sexualidad. Se propone contribuir a la comprensión y manejo de los temas brindando pautas y argumentos para facilitar la labor de orientación de las docentes y los docentes a los alumnos, las alumnas, las madres y los padres de familia”.

De ahí que, hay un énfasis desde las políticas gubernamentales de dejar a la libre elección de la escuela el abordaje de la educación sexual. “Algunas escuelas tienen incorporado el tema y otras no, pues no es de obligatorio cumplimiento desde el Ministerio de Educación”, expresó el sicólogo Rubén Reyes.

Según el UNFPA, en Nicaragua, sólo el 18% de las escuelas de primaria y secundaria, utilizan el manual de Educación Sexual y Reproductiva del gobierno.

En el Diagnóstico de la Organización Sí Mujer, Cairo + 20 Nicaragua 1994-2012, se afirma que “no existen campañas o acciones públicas que promuevan los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes; estas iniciativas las emprenden exclusivamente las organizaciones que trabajan con la niñez, la adolescencia, la juventud y las mujeres organizadas”.

La educación sexual en las escuelas depende de la opinión de docentes

La campaña  “La prueba de amor, prueba de fuego” promovida por  la Red de Mujeres de Chontales (RMCH), realizada en el 2014, confirmó que en la auditoría social sobre el tema de salud sexual y reproductiva impulsada por esta organización de mujeres, las personas consultadas coinciden en afirmar que el tema de la sexualidad en las escuelas se aborda desde la experiencia de las y los docentes y no desde los fundamentos teóricos consignados en los convenios internacionales de las Naciones Unidas ratificados por los gobiernos nacionales sobre los derechos humanos de las y los adolescentes.

Asimismo, en la auditoría, los jóvenes expusieron que en los centros de salud del MINSA, se exponen más las campañas para prevenir enfermedades comunes, que documentación que promueva la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de protección para evitar embarazos no deseados en las adolescentes. Mencionan que en los centros no investigan la procedencia de embarazos en niñas y adolescentes que probablemente, por la edad, provienen de abusos sexuales.

La falta de educación sexual en Nicaragua se acentuó desde la década de los 90 hasta la fecha. En  el 2003, durante el gobierno liberal del ex presidente Enrique Bolaños (2002-2006) el Ministerio de Educación retiró por mandato de la jerarquía católica el “Manual Para la Vida”, de educación sexual dirigido a las y los docentes. Los grupos católicos llamados “provida”, grupos evangélicos y los arzobispos hicieron una intensa campaña contra el manual, acusando al Ministerio de “promover el aborto y la homosexualidad y pretender disolver las familias”.

Este acuerdo implícito de los gobiernos con la iglesia católica, de no permitir la educación sexual en los colegios, se acentúa con la administración actual, encabezada por el presidente sandinista Daniel Ortega, que declaró en una reforma a la Constitución que Nicaragua es un país “cristiano, socialista y solidario”. 

Campaña PROVIDA: complicidad de la iglesia en la falta de educación sexual

La timidez con que el gobierno ha asumido el tema de la educación sexual, tiene su raíz en la alianza que éste ha asumido con el Cardenal Miguel Obando Bravo, principal artífice de la campaña PROVIDA de la Iglesia Católica y quien fue presidente de la Comisión de Verificación, Reconciliación, Paz y Justicia, institución creada a través del decreto 49-2007 dictado por Ortega. En su momento, el Cardenal Obando celebró el retiro del manual, en el 2003, anunciando que contaba con “una comisión de moralistas y teólogos para rehacer el documento”.

Esta situación de índole política,  redunda en los datos que la CEPAL presenta sobre Nicaragua en cuanto a que en los años 2000 y 2010, hubo 367,095 embarazos en mujeres menores de 18 años y en que, según el MINSA, el 27.10% de los partos del año 2010 ocurrieron entre los 10 y los 19 años. En su informe de 2013-2016 este dato ha bajado a 24%.

La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2009 menciona con preocupación la tasa de fecundidad en la adolescencia y los embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, que se han incrementado de 33,742 en el año 2007 a 35,945 en el 2010, con un incremento del 6.52%. Según el FNUAP los nacimientos anuales entre los 10 y los 14 años se han incrementado en 47%, pasando de 1,066 en el año 2000 a 1,577 en el 2009.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU en el año 2010 instó a Nicaragua “a adoptar todas las medidas necesarias para atender a las recomendaciones formuladas y que no ha aplicado suficientemente, como la puesta en práctica de la legislación, el plan de acción nacional y la coordinación, la recopilación de datos, la edad mínima para contraer matrimonio, el registro de los nacimientos, los castigos corporales, el maltrato y el abandono de niños y los embarazos de adolescentes”. También que “garantice que los adolescentes tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva seguros, legales y confidenciales, que incluyan información, asesoramiento y servicios de interrupción del embarazo, y ofrezca acceso generalizado a los medios anticonceptivos”.


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