Las reformas al Seguro Social provocaron el levantamiento popular de abril 2018, un año después, Daniel Ortega reduce las pensiones hasta en un 60% a los asegurados

Ángel López

“Rosa” tiene 62 años de edad, y planeaba jubilarse este año, ella es profesora de educación primaria, profesión que dice adorar. “Es una vocación que nació en mí desde muy joven, por eso dudé mucho en jubilarme a los 55 años a como lo estipula la ley”, expresa esta educadora quien ejerció la docencia por más de 35 años en una comunidad rural en San Rafael del Norte en el departamento de Jinotega, luego fue promovida a supervisora del ministerio de Educación, puesto en el que devenga nueve mil córdobas (270 dólares aproximadamente). Aceptó hablar de su caso con la condición que omitiéramos su verdadero nombre por temor a represalias pues trabaja para el gobierno.

“Nunca imagine algo así, que una reforma al seguro social me perjudicaría tanto, ahora me arrepiento porque en vez de retirarme a descansar con un 80 % de mi salario, ahora me doy cuenta que recibiría menos del 40 %, ni siquiera quisieron bridarme la información. Por el momento tengo que continuar trabajando a pesar de estar muy enferma y cansada”, dijo muy apesadumbrada por no haber gestionado su jubilación a su debido tiempo. Lamenta su mala suerte y lo que considera una “acción monstruosa” del gobierno por arrebatarle parte de la pensión que le correspondía. Ella ayuda a su hijo y mantiene a su progenitora mayor de 90 años.  

Al igual que Rosa unos 30 mil nicaragüense alcanzaron en el 2019 la edad de 60 años y el número de 750 semanas o más requisitos para optar a una pensión del seguro social, pero la última reforma en vigencia desde febrero 2019 afectó considerablemente a los nuevos pensionados, a los trabajadores cotizantes y a empresarios, por el incremento de un 7% del mínimo de cotizaciones, por la suspensión del 5% de aumento anual de las mismas para reponer la devaluación del córdoba frente al dólar y por la rebaja en el cálculo del 70% a recibir en lugar del 80% con la ley anterior.

La reforma al Seguro Social en abril de 2018 fue el detonante de la actual crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua y que dejó centenares de muertos, desaparecidos, prisioneros y miles de exiliados. Dichas reformas fueron anuladas en abril del 2018, pero tras sofocar violentamente las protestas y tomar el control, el gobierno, nueve meses después, promulgó severas reformas al seguro social que disminuyen el valor de las pensiones entre el 40 y 60% y el aumento del valor de las cotizaciones a trabajadores y empleadores, entre otras medidas.   

Unas 30 mil personas se jubilarían en el 2019

Mario Estrada quien se encuentra desempleado, gestionó su pensión después de cumplir los 60 años y haber acumulado mil 341 semanas. Él tenía grandes expectativas por la pensión que recibiría ya que ganaba un buen salario como profesional (Administrador de Empresas), pero sus cálculos contrastaron con la dura realidad, cuando se dio cuenta que su pensión se había reducido estrepitosamente producto de las reformas realizadas al seguro social a través de un decreto presidencial, aprobado en febrero de 2019, que establece cambios drásticos al momento de calcular las pensiones a los nuevos jubilados.

 “Según mis cálculos y de acuerdo a lo que estipulaba la ley, antes de la reforma, me corresponderían 13 mil 22 córdobas para mí y mil 953 para mi esposa, para un total 14 mil 975 (un aproximado de 447 dólares), mientras que con la reforma se redujo a 5 mil 208 córdobas y 703 para mi esposa, lo que suman 5 mil 908 córdobas (unos 176 dólares). En un tiempo fui sandinista pero con las injusticias que ha cometido el gobierno sandinista de Daniel Ortega, jamás votaría por él”, sentencia este jubilado que afirma haber dado siempre su voto al Frente Sandinista.

La reforma establece que se tomará como referencia para calcular las pensiones, los salarios de las últimas 375 semanas cotizadas igual a 7.2 años de vida laboral y no las 250 semanas, unos cinco años, como se hacía antes de la reforma, lo que hará que el salario de referencia se reduzca ya que la gran mayoría de los salarios no tienen mantenimiento de valor.

Dicho decreto según el experto en seguridad social Manuel Ruiz se opone a la ley 516 que establece los derechos laborales. El decreto fue recurrido por inconstitucional por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Desde el inicio del gobierno del sandinista Daniel Ortega en el 2007, mantuvo lo que se denominó “Política de Diálogo y Consenso”, el cual fue roto producto de la crisis sociopolítica que inicio en el mes de abril del 2018.   

Experto aconseja no jubilarse en este momento

 “Si se está trabajando y en buenas condiciones hay que esperar. La seguridad social tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las personas, desde el ser humano que está en el vientre materno hasta su ancianidad, debe ser una protección integral”, dice el experto.

Ruiz recuerda que el seguro social en Nicaragua ya tiene 62 años y ha pasado por momentos difíciles debido a la perdida de su autonomía administrativa y financiera. Igual que otros críticos del gobierno, sostiene que la pérdida de autonomía y la politización del seguro social han provocado la crisis actual de la institución.

“La columna vertebral de los seguros sociales, es que su manejo administrativo financiero sea sagrado, debe tener independencia, que los gobiernos no se metan, porque se maneja muchísimo dinero”, dice Ruiz.

Problemas que enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS

“El primer problema es la pérdida total de la autonomía administrativa financiera. Sin resolver ese aspecto es muy difícil resolver el problema, el segundo problema es que existe la tasa de cobertura más baja de américa latina, con el 21% de cobertura en relación a la Población Económicamente Activa (PEA), Costa Rica por ejemplo es cerca del 80 % de cobertura, el tercer aspecto es el manejo financiero que implica tres cosas: manejo adecuado actuarial, el manejo de las inversiones y el control de las inversiones. Otro problema es que no hay ley que regule las inversiones por lo tanto la sociedad nicaragüense no conoce a dónde se invierte y cómo se invierte”, dice Ruiz.

El INSS hace contratos millonarios con las empresas médicas previsionales por un monto de alrededor de 200 millones de dólares anuales.

“La privatización de los servicios médicos a través de las empresas previsionales también afecta las finanzas del INSS. Algunas de ellas como SERMESA pertenecen a la nueva burguesía sandinista o a empresas de la familia presidencial. Una gran parte de los recursos del INSS se va a través de estas empresas previsionales”, dijo Ruiz.

 “Creo que lo primero que debe hacerse es derogar el decreto, para revertir la disminución de las pensiones perjudicando más a los que pasan a ser pensionados.  Este decreto viola los derechos adquiridos establecidos en las leyes laborales y en la Constitución. Antes del decreto una persona con 19 años de cotizar tenía derecho al 70 por ciento del salario, ahora para lograrlo necesitaría 53 años.”, dijo Ruiz.

A partir de la reforma los trabajadores del régimen integral cotizaran siete por ciento sobre el salario, en lugar de 6.25 por ciento.

También se redujo el porcentaje base que se usa para calcular las nuevas pensiones. Por ejemplo, antes, si un trabajador había cotizado más 750 semanas y su salario sobre el que se está calculando la pensión era inferior al doble del salario mínimo industrial (5,615.75 córdobas el actual vigente, unos 170 dólares), obtenía como pensión el 45% de su salario. Este porcentaje se redujo a 20 por ciento.

Cotizaciones suben para todos los sistemas de pensiones  

Si una persona o trabajador por cuenta propia está cotizando a través del Seguro Facultativo Integral (es decir para pensión y atención médica) su contribución que era el 18.25% de su salario; actualmente este sube al 22.25%. En caso que esté cotizando solo para optar a una pensión y sin atención médica este pasará de 10% a 14% de su salario registrado.

A partir del nuevo decreto, las empresas pasarán a pagar de 19% a 22.5% como cuota patronal en el Régimen Obligatorio Integral y de 13% a 16.5% en el Régimen Obligatorio RP-IVM. El aporte se estableció en dos escalafones: los que tienen más de 50 trabajadores pagarán 22.5 por ciento y los que tienen menos de esa cantidad la contribución será de 21.5 por ciento.

Mientras las Pequeñas y Medianas Empresas, PYMES, pasarán a enterar el 22%; los trabajadores llegarán al 7.0% de sus salarios.  

Afectación al Estado

El Gobierno ordenó crear un aporte de 1.75% de contribución del Estado en el Programa de Seguro Facultativo y además elevó de 0.25 % su aporte a 1.75% en el Programa de Seguro Obligatorio Integral.

La reforma no establece qué medidas correctivas aplicará para reducir los excesivos gastos administrativos del INSS y transparentar las inversiones que se hacen sin supervisión alguna.

Problemas que afectan al INSS

El gobierno del sandinista Daniel Ortega no ha manejado correctamente los fondos del INSS, se ha invertido discrecionalmente en proyectos inmobiliarios manejados en su mayoría por la nueva burguesía sandinista., perjudicando así las pensiones y la atención medica de los asegurados.

La situación actual es crítica porque cada vez hay menos empleadores, según se conoce, unos ocho mil empleadores dejaron de cotizar al INSS porque cerraron sus empresas o buscaron mecanismos como la contratación de personal por outsourcing.

Asimismo, la situación se ve afectada, porque en mayo del 2015, la Asamblea Nacional, a instancias de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), aprobó la Ley No 900, Ley de Pensión Reducida por Vejez para las Personas aseguradas por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, convirtiéndose en un derecho adquirido.

En el 2017, el INSS había otorgado 49,475.1 pensiones reducidas, 24,7 % del total de pensionados, acumulando un gasto de 1,632, 327,626.07 millones de córdobas (U$ 52,665, 729 dólares).

Este reclamo aumentó la cantidad de pensionados, acelerando la crisis financiera. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su momento tacharon la medida de “populista”.

Foto por : Jorge Mejía Peralta

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