Patriarcas otoñales y líderes urbanitas


Reflexiones desde una Centroamérica que se desagrariza

José Luis Rocha


Cuando el periodista canadiense William Krehm cubría la región centroamericana para la revista Time en la primera mitad de la década de los años cuarenta, tomó nota de que la esposa del recién electo Tiburcio Carías Andino vendía tamales en el Palacio Presidencial de Tegucigalpa un día a la semana. Arrebatada por un insaciable emprendedurismo avant la lettre, la primera dama terminó haciéndose con el monopolio de la venta de tortillas a las tropas del ejército.  Mediante un par de pinceladas, Krehm retrató la profunda ruralidad de la cultura del istmo, capaz de permear incluso el comportamiento de las élites y poner a su servicio a la incipiente burocracia estatal. En 1950, fecha del censo más próximo a este comercio tamalero, el 80 % de la población hondureña vivía en zonas rurales, situación del el 75 % de la población guatemalteca, el 65 % de la nicaragüense y el 53 % de la salvadoreña.

La razón por la que esa anécdota nos resulta tan simpática es la disonancia que anida en su inverosimilitud: humildes tamales en el centro de poder del Estado y, para mayor escarnio, despachados por órdenes y a beneficio de la emperifollada primera dama. En plena crisis de 2008-2009, varias casas comerciales cerraron sus sucursales en un importante centro comercial de la ciudad de El Progreso, ubicada en la costa norte hondureña. Durante varios meses, en lugar de hacerlo con tenis Nike, anteojos Ray ban y bolsos Gucci en locales bien acondicionados, el mayor movimiento comercial se realizó en los pasillos sobre tenderetes improvisados y rebosantes de mangos, naranjas y otros vegetales. La crisis transformó un templo de la urbanidad en un refugio de la ruralidad. Y no dejó de causar hilaridad entre los clientes. La del tránsito de una Honduras rural a una más urbanizada fue una crisis estructural y prolongada. Por eso la venta de tamales en casa presidencial nos habla de un orden que agoniza pero que se resiste a ser enterrado, contradiciendo los presupuestos básicos de lo que debe ser un Estado moderno en pleno siglo XX. Max Weber lo asumía burocrático, regido por “ordenaciones impersonales y legalmente estatuidas.” Ese régimen era todavía muy moldeable a los caprichos comerciales de quien detentaba el poder y legalmente ajustable.

El comportamiento de la primera dama, haciendo de primera tortillera de la república, era el que podía haber tenido la esposa de un alcalde o la de un líder campesino de una aldea remota, un villorrio perdido en el cucurucho de una de las cordilleras que abrazan el valle del Aguán. Aun siendo la capital de la república, Tegucigalpa funcionaba como un pueblo. La escala nacional solo repercutía levemente en términos cuantitativos: se venderían más tamales que en un pueblito. La dimensión cualitativa era la misma: trato personal y mínima burocracia. Estas eran las características de una sociedad agraria.

En las últimas décadas, las sociedades agrarias centroamericanas -entendidas en su acepción más elemental, “definidas simplemente como sistemas donde una gran mayoría de la población vive de la tierra” – se han transformado drásticamente, varias de ellas situándose del otro lado del parteaguas rural/urbano. En el año 2000, todos los países centroamericanos ya habían alcanzado un peso demográfico urbano mayoritario, salvo Guatemala y Honduras, con 39 y 48% de su población viviendo en las ciudades. En El Salvador y Nicaragua esa variable llegaba al 55%, en Panamá al 58% y en Costa Rica al 50%. La mayoría de esos países había cruzado el umbral hacia mediados de la década de los 90. En 2005 El Salvador era el país más urbanizado con 58 % de citadinos. La segunda mitad del siglo XX fue el escenario de esa transición.

Los primeros años del siglo XXI han llegado a ser la consumación del cambio a un ritmo más acelerado, con una Población Económicamente Activa más dedicada al comercio y los servicios, con ciudades más absorbentes y con aldeas rurales que se han contagiado del estilo de vida y ocupaciones urbanas. Estos cambios, jalonados por la distribución ocupacional e impulsados por el crecimiento demográfico, no dejan incólumes las estructuras políticas porque definen qué políticos y estilos de hacer política están al día y quiénes se quedaron estancados y, por representar formas obsoletas de liderazgo, serán desechados. En materia de urbanización, Centroamérica está integrada por países con variados niveles. Una comparación entre unos y otros puede arrojar interesantes pistas para interpretar las novedades y persistencias en el tratamiento de la política.

Ruralismo y dictadura

La dictadura somocista era un sultanato, dijo muchas veces el sociólogo Edelberto Torres-Rivas. Con un régimen personalista llevado a cotas muy altas, Somoza era el sistema de gobierno. Una vez destronado el sultán, todo su edificio se vino abajo como un castillo de naipes. Sus lugartenientes huyeron, como ratas que saltan de un barco en trance de hundirse. Fue fácil sustituirlos, porque en este país siempre nos han sobrado altos funcionarios de relevo, que parecen ser extraídos por Saruman –el mago perverso de El señor de los anillos– de su inagotable cantera de orcos.

Pero Somoza no era la cultura política y el machismo. A lo sumo era su representante más visible: un hombre fuerte cuyos deseos son órdenes y sus caprichos son leyes, y que por eso podía exhibir a su amante en fiestas oficiales, donde sus ministros ponían a sus pies como mullida alfombra sus convicciones católicas sobre el matrimonio. Nueve hombres fuertes lo sustituyeron. Nadie dentro de las filas del sandinismo cuestionó que esa novena no fuera ni remotamente representativa del balance de género nacional y de lo mucho que arriesgaron y perdieron las mujeres nicaragüenses en la guerra. Y si lo hicieron, hablaron con los labios apretados por el temor, la disciplina y el disimulo. Tampoco hubo quien les aconsejara suprimir la consigna “Dirección Nacional, ordene”, que a más de un alemán debió evocarle el slogan nazi “Führer befiehl, wir folgen Dir!” (Líder, ordena. Nosotros te seguimos).

Los rostros cambiaron, el sistema continuó. Me refiero al sistema del hombre fuerte, el patriarca, el que podría decir “el Estado soy yo”, y que aunque no lo dice, actúa como si así fuera. Es un sistema que está ligado a la Centroamérica de repúblicas agrarias, que deberían llamarse autarquías agrarias. Es el sistema que imperó en la Honduras de Tiburcio Carías y Rafael Suazo Córdoba, El Salvador de Maximiliano Hernández Martínez y llegó hasta los primeros caciques de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), la Guatemala de Rafael Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Ese sistema no cambió un ápice por el hecho de que Nicaragua fuera el primer país en el istmo centroamericano en llevar a una mujer a la presidencia. Pronto volvió con su rostro habitual: en la Alcaldía de Managua se había estado incubando el nuevo hombre fuerte, el finquero Arnoldo Alemán, que tenía el plan –pero no los medios- de perpetuarse en el poder, como había hecho Somoza y después haría Ortega.

Daniel Ortega lo invitó a una negociación de finqueros, amos de los dos grandes partidos. Ahí cerró con él un trato donde le dio atol con el dedo: Alemán vendió su primogenitura política por un par de nacatamales jumbo y Ortega obtuvo las condiciones que necesitaba para recuperar el trono, que en esta segunda venida no tuvo que compartir con los otros comandantes. Los hombres fuertes de las finanzas, el comercio y las haciendas no respingaron, y en esa pasividad –además de la obvia conveniencia económica – también hay que leer su tolerancia a que el poder ejecutivo fuera asumido por alguien acusado de abuso sexual por su hijastra (¿por qué no?, no era su hija biológica, ella se lo buscó y quién demuestra que así fue, habrán dicho) y alguien que colocaba la bandera rojinegra en todas las dependencias estatales (¿por qué no, acaso no es el dueño de turno de la gran finca “Nicaragua”?). Su inclinación a pasar por encima de estas minucias brota de la aceptación que tienen los rasgos culturales reproducidos por siglos y, por eso, naturalizados.

Ortega es un cacique de la misma catadura que el protagonista de El otoño del patriarca, devorador sexual de prostitutas infantiles que sus subordinados le hacían llegar disfrazadas de colegialas para satisfacer su pedofilia. Es un patriarca agrario. Tal vez sea el último cacique de esa especie, la misma a la que perteneció Álvaro Arzú, quien fue una vez presidente de Guatemala y cinco veces alcalde de su capital, Ministro de Relaciones Exteriores y Director del Instituto Guatemalteco de Turismo. Toda una vida en los andamios del poder, como Ortega. Aquello que más los asemeja, sin embargo, no es su longevidad política, sino su condición de hombres rodeados de matones. Uno de los guardaespaldas de Arzú fue Byron Lima, el asesino del Obispo Juan Gerardi, ejecutado por haber presentado un informe sobre los crímenes durante la guerra. Los paramilitares, militares y policías de Ortega nos han dado una idea muy precisa de lo que ese cacique entiende por arte de gobernar. Se puede trazar una línea genealógica cultural que une a estos hombres fuertes de armas tomar con Santa Ana en México y luego Trujillo en República Dominicana, pasando por Castro y Pinochet, unos con los gringos, otros contra ellos, todos con las armas y la voluntad de ahogar a los disidentes en sangre. Para ellos la política debía y debe ser un reflejo de la cadena de mando de la hacienda, donde las órdenes no se negocian ni se discuten.

Todos han sido representantes de un patriarcado agrario. Ortega sigue esa tradición agrarista por su enfoque político y sus opciones recientes, pese a que llegó al poder sobre las ancas de un partido que ha tenido una base mayoritariamente urbana. Ese apoyo en las ciudades lo cosechó cuando muchos pensamos que esa organización lideraría un avance social, entendido como sociedad más igualitaria. Pero en los años ochenta se dedicó a crear elefantes blancos agrarios y en las ciudades solo los “conectados” lograban sortear el hambre. En su retorno al poder, su propuesta fue un socialismo huachicolero del petróleo venezolano, cuyo caudal era en gran parte canalizado hacia las piscinas de sueños agraristas: el Programa Hambre Cero y su distribución de diversos tipos de ganado e insumos agrícolas y crédito; los parques de feria para que los productores –con un alto subsidio estatal– transaran directamente con los consumidores; la construcción de escuelas rurales, sin formar maestros que les insuflen vida escolar.

Sintomático del enfoque agrario es el hecho de que la represión se haya cebado –desde antes de la rebelión de abril hasta la fecha– sobre las áreas rurales. Esto sucede porque los órganos represivos viven en la Nicaragua agrarista de 1980, que tenía un millón seiscientos mil habitantes en las ciudades (apenas la mitad de la población), y no tanto en la de 2018, con casi cuatro millones de citadinos, 60% del total. El FSLN representa un conservadurismo centralizador que no es campesinista –incluso es anticampesino- , pero sí es el de un Estado-nación agrario-patriarcal, el de la gran hacienda.

Por eso las protestas de abril de 2018 estallaron y se incubaron en las ciudades y están ligadas a problemas que afectan más a la población urbana: la seguridad social, cuya cobertura es aplastantemente citadina; el pago de los impuestos, que aprieta de forma más constante en los centros urbanos; la conculcación de derechos civiles que son primordialmente ejercidos por urbanitas (libertad de expresión, libertad de movilización, elecciones limpias…).

Hay un dato que ha sido tratado con ligereza: las protestas mayores se desencadenaron alrededor de la seguridad social y los jubilados, hecho sorprendente porque en Nicaragua la seguridad social apenas cobijaba a la quinta parte de la Población Económicamente Activa en 2013, en el momento de las primeras protestas. La cobertura del total de personas de la tercera edad es aún menor. Hubo lucha en torno a un tema que afecta a una minoría porque esa minoría está concentrada territorialmente. Más del 90 % de los cotizantes viven en las ciudades y ahí fue donde estalló el levantamiento. Según el diagnóstico sobre la situación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que el experto Carmeno Mesa-Lago presentó el 9 de marzo de 2020, hay una correlación entre nivel de urbanización y mayor cobertura de asegurados: Managua, el departamento más urbano, donde casi el 93 % de los habitantes vive en la ciudad, absorbe a más de la mitad de los asegurados, aunque solo tiene el 23.7 % de la población nicaragüense. Le siguen Chinandega y León, departamentos con población urbana superior al promedio nacional. León fue el segundo escenario más importante de las protestas de #OcupaInss en 2013. También más del 90 % de los universitarios, que fueron los líderes de la rebelión, son urbanos. Esta concentración urbana hace de la lucha de #OcupaInss una reivindicación de los habitantes de las ciudades, que fueron el foco de las protestas y, sobre todo, el punto inicial de ignición de la insurrección cívica.

Los campesinos también han tenido un rol considerable. Se levantaron cuando el proyecto del canal interoceánico amenazó con absorber sus pequeñas y medianas fincas. Salió a flote la dicotomía campesinismo versus patriarcado agrarista. El canal ha sido hasta ahora –y quizás lo sea para siempre– la última utopía nicaragüense que coloca el dominio de la tierra como pivote de acumulación. Es la última utopía agraria, concebida en un país donde la ganadería, la caficultura y la minería siguen siendo las principales industrias generadores de divisas. Si retomamos la distinción que hace el científico social William Robinson entre expansión extensiva e intensiva del capitalismo, veremos que el modelo de Ortega, y de sus predecesores, apostó por la expansión extensiva: en el canal, en las lotificaciones y construcciones urbanas, en la explotación forestal y en muchos otros rubros que requiere algún tipo de colonización, concentración de inmuebles y despojo. Esos acaparamientos están vinculados a la violencia, que a veces ejecutan los medianos ganaderos en tierras de los indígenas y que a nivel nacional organizan los jerarcas del sandinismo, beneficiados de la pasividad del ejército y la policía, y hay quien sostiene que de su complicidad.

En los países centroamericanos que van más avanzados en los procesos de urbanización y desagrarización, como Panamá, Costa Rica y El Salvador, la expansión del capital se realiza en gran parte por una vía intensiva, incorporando bienes y personas a los mercados, es decir, convirtiendo en mercancías lo que antes no lo era: paisajes cuya belleza se alquila a los turistas, remesas que ingresan a los circuitos bancarios, venta de servicios que antes eran objeto de intercambio o provistos por familiares y amigos, etc. No es casualidad que Honduras y Nicaragua, que son los países más agrarios y menos urbanizados, son los principales escenarios regionales de despojos y acaparamientos a lo bruto. Esta particularidad –no podía sr de otra forma- tiene consecuencias políticas específicas.

A pesar de que Nicaragua es un país donde el patriarcado agrario tiene la batuta, la tendencia a la urbanización y desagrarización es ya un hecho económico patente: el valor de las remesas, que son un monumental ingreso no agrario, supera con creces a cualquiera de los rubros de exportación agrarios. Y también a los no agrarios, por supuesto. Su peso en la economía es obra de una mano de obra globalizada que externamente se generó fuera del agro e internamente ha sostenido el crecimiento del comercio y los servicios. Esta desagrarización económica tiene expresiones políticas que han aflorado en esta rebelión. En las dos mujeres lideresas, Francisca Ramírez e Irlanda Jerez, el campo y la ciudad se dieron la mano, pero ambas son comerciantes, aunque una sea originalmente agricultora y la otra odontóloga. Con la excepción de Medardo Mairena, que representa a campesinos opuestos al gran acaparamiento de propiedad agraria con la coartada de un canal, los nombres masculinos que más suenan pertenecen a gente de las ciudades. Entre los nuevos rostros destacan Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, que aparecen como lo opuesto a Ortega: no son hombres de armas ni fincas, sino de un nivel educativo que está por encima del promedio. Se enfrentan a un matrimonio de dos bachilleres, que vienen de la Nicaragua donde la gente se hacía un espacio en el funcionariado público al margen de los títulos y el nivel educativo. Lo ganaban por su apellido o por sus pistolas.

La crisis de la dictadura de Ortega expresa un descalabro de las estructuras culturales y políticas de ese vetusto patriarcado agrario. La buena noticia es que no es posible ponerse delante del tren de las tendencias históricas sin ser arrollado. Toda resistencia al cambio solo lo complica y prolonga la agonía de las instituciones, grupos y personas que se le oponen. Puede que el dinosaurio patriarcal siga ahí, pero podemos tener la certeza de que las condiciones climáticas se le harán insoportables. La mala noticia es que el proceso de transición, que empezó hace décadas y se aceleró con la globalización, toma un tiempo impredecible y genera demasiada violencia si no se adoptan las medidas adecuadas. Los contrastes entre esa Nicaragua todavía un tanto anclada en el agrarismo y los países del norte de Centroamérica pueden arrojar luces sobre la naturaleza de los cambios que ya tienen lugar y los que se ven en lontananza.

Una política con o sin los muertos vivientes del patriarcado agrario

Los niveles y formas de desagrarización y de crecimiento urbano se cuentan entre los elementos que más definen la forma de hacer política y el talante de sus protagonistas. Y la comparación entre países centroamericanos, aunque se haga a vuelo de pájaro, puede ser de ayuda para revelar y explicar las tendencias y significados de la rebelión de abril de 2018 en Nicaragua y de otros eventos y comportamientos políticos en Centroamérica. Miremos hacia El Salvador, donde su recién estrenado presidente Nayib Bukele subió al poder mediante un evento electoral limpio de polvo y paja. El hecho de que sea el presidente más joven de ese país no es ni remotamente tan significativo como la derrota que infligió a los dos partidos que han gobernado El Salvador en los últimos treinta años y, simultáneamente, a un bipartidismo muy bien trenzado a base de mutuos encubrimientos e impunidades.

Los partidos derrotados han quedado como resabios de la república agraria que ya no es El Salvador. El partido ARENA se incubó bajo las estructuras de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), dependencia del ejército creada para vigilar al campesinado y a su vez compuesta en gran parte de campesinos y asalariados agrícolas. El mayor Roberto d’Aubuisson se montó sobre esas estructuras que le habían sido confiadas a sus treinta y pico años, y las fundió con el Movimiento Nacionalista Salvadoreño (MNS), en cuyas filas destacaban los miembros del Frente de Agricultores de la Región de Occidente (FARO), un grupo de terratenientes ferozmente opuestos a la reforma agraria y deseosos de la alianza con el ejército que d’Aubuisson les facilitó. El MNS fue creado a imagen y semejanza del Movimiento de Liberación Nacional (MNL) de Guatemala, liderado por Mario Sandoval Alarcón, valioso colaborador de Carlos Castillo Armas en el golpe de Estado a Jacobo Árbenz y también miembro de la Liga Anticomunista Mundial (WACL) y fundador de la “Mano blanca”, un grupo paramilitar que aniquilaba a todo tipo de disidentes políticos. El MLN también había nacido para oponerse a la reforma agraria. Por su base social primigenia de “orejas” (soplones) rurales, sus vínculos externos agropecuarios, su dirigencia de terratenientes y la ocupación de su fundador (d’Aubuisson fue empresario arrocero), ARENA nació como partido agrario por sus cuatro costados.

Situado en el extremo opuesto pero en el mismo sistema agrarista de coordenadas, el FMLN alzó la bandera de la distribución de tierras. Parte importante de sus bases provinieron de la Federación de Campesinos Cristianos (FECCAS). El campesinado nutrió sus filas. Llegó ahí por su propio pie o porque sin comerlo ni beberlo la lucha se había desplazado hasta la parcela donde tenía plantados los pies y la milpa. En más de un aspecto la historia del FMLN no resulta comprensible sin atender a las variables agrarias.

Los dos partidos dieron muestra de un deseo de aggiornamento con la postulación de Elías Antonio Saca y Mauricio Funes a la presidencia, uno de ARENA y otro del FMLN, dos hombres del moderno mundo de los medios de comunicación, pero lamentablemente dispuestos a hacer política a la agraria usanza: como señores feudales, apoyándose en –o sometiéndose a– los militares y echando mano del erario público como si de su billetera se tratara.

Bukele derrotó a ambos partidos y al bipartidismo agrario. Ganó con el 53 % de los votos y gobierna con más del 90 % de aprobación. Sus selfies revientan las entrañas de sesudos analistas, pero son aplaudidos por las masas. Sus discursos internacionales sin garra conceptual se vuelven virales en las redes sociales. Su tuiteo de los memorándums presidenciales quizá trivialice la política y la administración gubernamental, pero crea la máxima ilusión de transparencia porque lo muestra en una vitrina virtual. Su apuesta por la militarización es alarmante, pero con ella no hace más que continuar la línea de sus predecesores, solo que con más espectáculo y ovaciones: eliminar las telecomunicaciones en los penales, sembrar el país de posters que advierten a los mareros del fin que les aguarda y un préstamo de 109 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la tercera fase de un programa de control territorial, entre otras acciones, gestos y programas.

Bukele representa de manera ostensible –a veces resbalándose a extremos caricaturescos– una forma distinta de hacer política que irrumpe en los actos protocolarios con teatralizaciones donde alardea del poder de las redes sociales. Su estilo puede ser a veces irritante y un tanto infantil, pero nunca trasnochado. Nayib Bukele no es de izquierdas ni de derechas, sino de la ciudad y del siglo XXI. Eso no lo hace más listo ni más decente. Pero sí hace de él un político más al día y adecuado a un El Salvador predominante y crecientemente urbano.

Su urbanismo no lo ha hecho más prudente ni dotado de más urbanidad, como habrán visto quienes prestaron atención al conato de golpe de Estado que perpetró el 9 de febrero de 2020. El préstamo de 109 millones fue la aparente manzana de la discordia. Los diputados no emitían un juicio, sino que pedían mayor esclarecimiento sobre el uso de los fondos, sobre todo después de que Osiris Luna, viceministro de Justicia y Seguridad, en un jet privado realizó un viaje a México patrocinado por Grupo SeguriTech Integral Security, empresa mexicana que vende cámaras de seguridad, uno de los rubros del préstamo en cuestión. Los congresistas no decían que No ni que Sí al préstamo. Bukele, que quiso odio más que indiferencia, les ordenó sesionar el domingo 9 de febrero, invocando el artículo 167 de la Constitución: corresponde al consejo de ministros “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden.” Los diputados de ARENA y el FMLN, los dos partidos que controlan la Asamblea Legislativa, no acataron la orden. Bukele se presentó en el parlamento, precedido de un contingente de militares en hollywoodesco alarde. Afuera del edificio lanzó todo tipo de diatribas contra los congresistas y después, en el interior, diciendo “Está claro quién tiene el control aquí”, ocupó la curul principal para orar entre sollozos que buscaban ser ostensibles. Como cereza en el pastel, declaró que Dios le había pedido paciencia. ¿Por qué no se la habrá recomendado desde el sábado, antes de militarizar la Asamblea?, reflexionó un analista.

Bukele volteó el cubilete confiando en que tiene los dados cargados. ¿O quiso darle vuelta al tablero de ajedrez y renunciar a la partida de una vez? Los militares no podían negarle su apoyo por la cuenta que les tiene: el préstamo es para fortalecerlos financiera y simbólicamente (y a veces lo simbólico es lo más eficaz). El autonombrado “presidente más cool del mundo” jugó con la confianza de quien está en su pico de popularidad, que coincide con el desprestigio abismal de los parlamentarios (el Familión y Arenazi, dicen en broma y en serio para referirse al FMLN y ARENA). Pero su acción produjo un repudio unánime de las principales fuerzas políticas, ONGs, académicos, organizaciones de base y embajadas. En Washington, donde diseñan para América Latina Estados a su imagen y semejanza, eso de que la Asamblea Legislativa se pueble de fusiles y que el Ejecutivo quiera imponerse ante los diputados no lo pueden tragar. Cualquier estridencia en El Salvador resuena mucho más, porque es el único país del istmo donde la democracia representativa de posguerra ha sido funcional. Ahora sabemos, gracias a una investigación de El Faro, que el embajador estadounidense, Ronald Johnson, les pidió paciencia y prudencia. Y lo hizo antes que Dios, quizá porque para la idiosincrasia estadounidense el tiempo es oro y, en cambio, Dios tiene toda la eternidad por delante y por detrás.

La pregunta es si el show de Bukele fue un exabrupto desquiciado, un problema que se soluciona mediante una simple prueba de dopaje sin excepciones a todo el que quiera ingresar al parlamento o ejercer el cargo de presidente. Pero hay indicios de que no fue solo un disparate, que también lo fue, y mucho. Bukele no montó en su carro – aunque sí en cólera – en un arrebato repentino y de volada pasó levantando a una pandillita de soldados que estaban en una esquina almorzando pupusas. Hubo una concatenación de acciones y, entre cada una, un tiempo más que suficiente para que alguno de los eslabones le recomendara lo mismo que Dios. Pero tanto Bukele como su círculo estaban convencidos de que el espectáculo les iba a salir bien: “La gente dirá que los diputados te bloquean y que no quieren la seguridad del pueblo”.

El show no les salió completamente mal. Pero ahora tenemos a Bukele contra los diputados, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, aunque con el pueblo y con Dios. El sistema salvadoreño parece estarse inclinando hacia una oclocracia, una de las formas de degeneración de la democracia que los pensadores griegos más temían y a veces llamaban “la tiranía de la mayoría”. Literalmente significa “poder de la turba”. Según el historiador Polibio, que acuñó el término, se le reconoce cuando la democracia se tiñe de ilegalidad y violencia, perpetradas con el respaldo de una masa que no puede constituir pueblo porque carece de sus facultades deliberativas. Podemos tomar esta formulación de la oclocracia como tipo extremo contra el cual contrastar las acciones reales. Bukele se atiene a ese poder de la muchedumbre, porque cuenta con su aprobación medida en las encuestas de opinión, pero no rinde cuentas de los detalles del préstamo ni de las implicaciones de una militarización más profunda al pueblo organizado y deliberante. En ese terreno se siente cómodo, y no en el del juego político, donde tiene que vérselas con un parlamento donde tiene todas las de perder porque su partido Nuevas Ideas nació a la vida legal después de las últimas elecciones de legisladores. Bukele llegó al poder usando como vehículo el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que apenas tiene 10  diputados. Como es el presidente con menos diputados del istmo, reclama ser el más cool entre la muchedumbre, ignorando que la simpatía pública es uno de los activos más volátiles sobre la tierra.

Los diputados le echan en cara que el préstamo está ligado a compras innecesarias y corrupción. No son pecados menores. Pero es obvio que estamos ante un episodio de muchos roces por venir entre los poderes ejecutivo y legislativo, que solo se saldarán cuando las elecciones de 2021: a) consoliden la tiranía de la mayoría, con Nuevas Ideas acopiando el 53 % de los escaños o incluso más; b) dejen a Nuevas Ideas con una importante cuota en el parlamento – pero no una mayoría – y, en interés del país, ese partido se avenga a dar las batallas en el sitio y la forma debida, con respeto del disenso y con argumentos; o c) castiguen a Bukele y, manteniendo un balance de poderes, premien a las viejas fuerzas e ideas y pongan fin a la oclocracia. En el ínterin, los partidos políticos tendrán que pelear en un terreno teatral donde Bukele ha demostrado hasta ahora ser más “adecuado”: no es más listo ni más tesonero, sino más a la nueva usanza.

Los tres países centroamericanos que en los años 80 fueron sacudidos por conflictos bélicos han seguido trayectorias tremendamente disímiles si las medimos a partir de sus movimientos guerrilleros: en Nicaragua el FSLN derrotó a una dinastía de cuatro décadas y subió al poder primero por las armas y después por los votos, en Guatemala una URNG derrotada y con los pies hinchados por un secuestro de último minuto firmó los acuerdos de paz como púgil salvado por la campana y en El Salvador se ha dicho muchos veces que el FMLN se sentó a negociar sobre la base de un virtual empate. A la postre, dos períodos de gobierno del FSLN y el FMLN los podrían dejar casi tan derrotados como la URNG: el primero va cayendo en un declive que disimula bajo la alfombra de tres o cuatro fraudes electorales y el segundo se quedó con menos del 15 % de los votos en las elecciones de 2019. Y esa no sería la única coincidencia: el contendiente de los guerrilleros ya no es la “derecha oligarca”, como rezaba la vieja retórica, sino nuevas fuerzas en proceso de composición. Con la derecha oligarca, en Guatemala y El Salvador, las viejas guerrillas recicladas en partidos políticos tienen el común interés de insuflar vigencia a las amnistías que les salvan el pellejo y los mantienen sobre la arena política.

Ese pacto de matones es una veta de gran riqueza que Bukele puede seguir explotando, además de hurgar más hasta encontrar nuevas raterías o perseguir las muchas ya conocidas del FMLN y ARENA. No son ni serán sus políticos los únicos expuestos a pesquisas y traspiés. También Bukele puede dar muchos tropezones sobre el escenario que le descompongan su personaje. Las medidas populistas que nutren la oclocracia pueden terminar incomodando a los generales. Por otra parte, militarizar la sede del órgano legislativo no parece muy compatible con andar por ahí de cool, a no ser que ahora empecemos a decir que Bukele es cool as hell. Seguir apoyándose en los militares puede producir fracturas en la oclocracia sobre la que el presidente salvadoreño asume que todo le será perdonado y aplaudido. Las bayonetas, ya lo dijo Napoleón, sirven para muchas cosas, menos para sentarse en ellas. Y yo añado: aunque sea sentarse en el parlamento a exigir la aprobación de leyes. El pasado es otro país, allí se hacen las cosas de otra manera, dice una frase de L. P. Hartley muy cara a los historiadores. Ojo: muy triste sería que el futuro resultara ser el mismo país, donde las cosas se hacen como antes, con las bayonetas por delante.

Todavía no sabemos cuánto se distanciará Bukele del antiguo modelo. Pero no necesitamos viajar al futuro para estar seguros de que llegó a la silla presidencial por obra de un sistema electoral irreprochable y que ese es un logro, sobre todo en el segmento norte de Centroamérica donde ningún otro de los tres presidentes puede presumir de ser representante de una voluntad popular sin restricciones. Esa conquista, cuya duración desconocemos, en parte puede ser atribuible a que El Salvador dejó de ser una república de caciques, una república agraria.

Del affaire Bukele en el hemiciclo podemos inferir algunos de los elementos de la nueva forma de hacer política, que se distingue de la vieja forma no tanto en sus objetivos y tácticas como en sus medios. Gente del círculo de Bukele revelaron a los periodistas de El Faro que el gobierno estaba enfrentando un problema muy serio por contaminación de una importante fuente de agua potable y otro problema leve por el caso del viceministro de Seguridad Osiris Luna. El segundo caso fue pasando al olvido, el primero fue un mal que no remite. La toma de la Asamblea fue un golpe dirigido contra un elemento político con “vocación de perdedor”. Al margen del resultado, tenemos el recurso a la oclocracia de las redes sociales, donde es verdad lo que aparece miles de veces, como en la espeluznante distopia de Aldous Huxley. Ya que no pudo dar agua, Bukele dio un circo, haciendo del hemiciclo un coliseo, donde llevó a sus leones y los exhibió ante las pantallas que hicieron de graderías. La nueva política hace de las redes sociales y los conectados su medio y su público predilectos.

Ese giro tenía que ocurrir en El Salvador antes que en el resto de los países del norte del istmo. El carácter más urbanizado de El Salvador repercute sobre su conectividad a la web. Después de Costa Rica y Panamá, que tienen 90 y 70 % de su población con acceso a internet, el 55 % de El Salvador es la cifra más elevada, muy por encima del 36 % de Guatemala, a pesar de sus siete millones de cibernautas. Honduras y Nicaragua están por debajo del 40 %, e incluso del 20 %,  según qué fuente sirva de referencia. Centremos nuestra atención en Facebook, que con sus 2,271 millones de usuarios es la red más popular del planeta. El 67 % de la población de Costa Rica tiene Facebook. El siguiente lugar lo ocupa El Salvador, con 55 %. Le siguen Nicaragua (45 %), Guatemala (43 %) y Honduras (40 %). Si atendemos a las estadísticas de Twitter, la plataforma desde la cual el presidente Bukele despacha sus memorándums, El Salvador sigue a la cabeza en la región, después de la imbatible Costa Rica.

Bukele ha tomado nota de estas condiciones. No es más listo ni más decente, sino más actualizado. Por eso se apresuró a ofrecer, apenas apareció el primer caso de COVID-19 en El Salvador, moratorias de pago de los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones. ¿Se lo habrán sugerido en las redes? Sea o no así, lo cierto es que son medidas volcadas a los consumidores y, sobre todo, a los consumidores con acceso a los servicios de una urbe: a los de la moratoria, dos de los cuales es también son medios que difundes su oferta. Sin electricidad no hay internet y sin internet no hay oclocracia y disminuyen las posibilidades de mantener las simpatías.

Estas transformaciones no son un lecho de flores. El proceso acelerado de urbanización, sin que el gobierno haya sabido intervenir más que a lo bruto, sin proporcionar compensaciones a las estructuras sociales que se han erosionado con grave daño para el tejido social, ha dado lugar a formas de violencia inesperadas que son un desafío gigantesco incluso para un sistema político que pasa la prueba en otros aspectos formales.

La urbanización significa relaciones sociales impersonales. La urbanización acelerada significa impersonalización súbita y oportunidades para cierto tipo de violencia. Lo impersonal es el rasgo que más distingue a los crímenes de ahora respecto de los que se perpetraron a lo largo de la mayor parte del siglo XX en El Salvador, según demostró un estudio longitudinal de más de un siglo del historiador salvadoreño Knut Walter. Antes se mataban los vecinos por desacuerdos en los linderos de sus propiedades, los amigos en un pleito entre borrachos, los amantes por despecho, los rivales para asegurar una conquista… Todos conocían a quiénes mataban y quién los mataba. Incluso durante la guerra muchos de los asesinatos iban dirigidos contra personas de las que se sabía quiénes eran y cuál era su signo político. En el más impersonal de los casos se sabía –o se creía conocer– algo tan íntimo como su credo político.

Ahora en El Salvador muchos asesinatos son ritos iniciáticos de los mareros. La pandilla elige a una víctima aleatoria: alguien que pasa por la calle, un viandante distraído, un vendedor de frutas o un cobrador de pasajes en un bus, un joven que tiene un documento de identidad donde dice que su domicilio se ubica en una zona controlada por la pandilla rival. No hay rabia personal, a pesar de la saña en la comisión del asesinato. No hay tragos de por medio, ni amistad rota ni despecho amoroso. La mara escoge la materia del rito de paso con la impersonalidad de la burocracia weberiana.

En contraste con el tipo de asesinatos abundantes en El Salvador, la violencia homicida en Nicaragua sigue siendo muy personalista. Así fue la rebelión: con frecuencia los ex reos políticos conocen personalmente a los patrulleros o paramilitares que los asedian, o al comisionado que ordenó el acoso. Las redes sociales con frecuencia proporcionan un CV exhaustivo –con foto de la cédula, domicilio y nombres de cónyuge y vástagos– de los paramilitares que apenas cinco minutos atrás atacaron a una señora vestida de azuliblanco. Una de las razones para que haya solo dos medios de comunicación cuyas instalaciones aún no han sido devueltas a sus dueños es una venganza personal de Ortega y Murillo contra sus propietarios, los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora. Así funcionan las cosas en una Nicaragua que todavía es muy agraria y no tan urbanizada como El Salvador.

Guatemala representa un caso muy complejo. Está a medio camino en el proceso de desagrarización, ubicada entre el polo más urbanizado que es El Salvador y el menos urbanizado donde están Honduras y Nicaragua. Pero la diversidad étnica y el racismo inveterado de esa sociedad introducen unos elementos explosivos que impactan todos los procesos sociales. El político de la derecha Alejandro Giammattei recién asumió la presidencia. No se puede decir que hubo fraude, pero sí que la contienda electoral nació maltrecha por la exclusión de una candidata muy potente, la ex fiscal general Thelma Aldana, que representaba una alternativa de centro-izquierda y segmentos de la sociedad civil que impulsan un cambio de modelo de gobierno. Pese a todo, la urbanización a medio gas ha abierto el espacio a un sistema político que mantiene cierta heterogeneidad en la distribución del poder y promueve la participación de sectores diversos, y por eso de vez en cuando aparecen fiscales aguerridos y líderes mayas que introducen cambios para pluralizar un sistema político, jurídico y educativo tarado por el centralismo ladino y capitalino.

Lo que llamo patriarcado agrario es semejante a lo que Jorge Ramón González Ponciano denomina “cultura finquera”, que en Guatemala se complejiza por su composición étnica y por la pervivencia de un sistema de castas, una herencia colonial que hunde sus raíces en la división de Guatemala en una república de indios y en otra de españoles. El idóneo representante de la primera república era “un ser indígena agricultor y sirviente dócil, siempre urgido de una mano tutelar que lo orientara y lo protegiera.” Todos los tipos que se salieran de este arquetipo eran privados de derechos. La urbanización ha propiciado el crecimiento numérico y la complejidad cualitativa de un tipo social que ese sistema de dos repúblicas repudia: el indígena aladinado, una “mayoría marginalizada –que, según González Ponciano- vive a la fecha en una situación de perpetua no-ciudadanía o pre-ciudadanía favorable a la fuerza hegemónica del conservadurismo autoritario, la blancura y la “cultura finquera”. Las tensiones en Guatemala, que la gran política partidaria no formula pero sí explota, en parte se deben a la modernización regresiva que descalifica las diferentes tonalidades culturales mestizas porque no encajan en el sistema clásico de las dos repúblicas. La Guatemala urbana de los grandes malls, los delicatessen y los colegios internacionales refuerza cada día esta división. Guatemala ha logrado combinar –en muy tenso (des)equilibrio- un alto grado de urbanización con la pervivencia de la cultura finquera y el patriarcado agrario. Es un caso de un enfermo con una mala salud de hierro.

Honduras y Nicaragua son los países más agrarios de la región y los menos urbanizados. Estos rasgos proporcionan pistas para entender por qué, a pesar de sus trayectorias políticas tan diversas –podríamos decir que opuestas– estos dos países son gobernados por caciques que se reeligieron contra lo establecido en las constituciones de sus repúblicas y que quisieran fundir sus carnes a la silla presidencial. Ambos han hecho ceñidos amarres con los militares, supeditado todos los poderes del Estado al Ejecutivo, involucrado a familiares de sangre en sus gestiones menos confesables, mantenido una política ambivalente con el imperio, reprimido ferozmente a la oposición, realizado ofertas inmejorables a las compañías transnacionales extractivistas y acumulado fortunas muy cuestionadas. Son de distinto signo político. ¿Y qué? Ese hecho devalúa el peso de la ideología y apoya mi argumento: importa más la estructura en la que operan que la fe que confiesan.

Mel Zelaya, el comandante ganadero, sin duda era un representante más pintoresco del agrarismo patriarcal. Pero Juan Orlando Hernández no lo es menos. Si Chávez estuviera aquí para convidarlo a su club de comandantes, le habría llamado “comandante pistolero”, que a fin de cuentas es el adjetivo por antonomasia de todo comandante. Hernández continúa la política de despojo que fue fomentada por Zelaya.

En Honduras es probable que los acaparamientos comprobables de mayor magnitud sean los que tienen como finalidad de expansión de la superficie dedicada a la ganadería, la caña de azúcar y al cultivo de la palma africana, y en menor medida –aunque quizás con similar impacto medido en desplazamientos poblacionales- la que requieren las inversiones mineras y los proyectos hidroeléctricos. Un indicio de la magnitud del acaparamiento es perceptible en el hecho de que entre 1990 y 2010 la superficie del territorio hondureño dedicado al cultivo de caña de azúcar y palma africana pasó de 65,342 a 175,947 hectáreas, es decir, un crecimiento de 169.3% en 20 años, que deja atrás al 147.5% de Guatemala y muy atrás al 97.5% de El Salvador y al 37% de Nicaragua. Los vínculos entre estos acaparamientos y el desplazamiento poblacional requieren un mayor estudio. La bisagra que une estas dos dinámicas –acaparar y desplazar- es el desalojo.

El acaparador que opera en gran escala obedece a la dinámica de expansión del gran capital en su vertiente extensiva e intensiva. Es extensiva en su primera etapa: incursiona en terrenos que eran de propiedad pública o comunal, en el mismo tipo de dinámica de rompimiento de la frontera agrícola. Su propósito es expandir el área colonizada por el hombre. Sus pretensiones de obtener un derecho sobre los terrenos se basan en la ocupación. A menudo su estrategia se apoya en edictos municipales o del gobierno central y otros instrumentos legislativos.

Un ejemplo es el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, promovido por Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). La represión de las luchas contra este megaproyecto y sus consecuencias en las comunidades indígenas lencas cobró la vida de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Otro caso es el desalojo gradual de las comunidades garífunas situadas a lo largo de la Bahía de Trujillo. El ciudadano canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación CARIVIDA S. de R.L. (fachada de Randy Jorgensen, CEO de Life Vision Developments), adquirió unos terrenos mal habidos que el Estado había reconocido a las comunidades garífunas en 1998. Al amparo del descalabro que significó el golpe de Estado de 2009, Life Vision Developments se convirtió en el principal promotor inmobiliario de Trujillo. Posee más de 600 hectáreas frente al océano, donde construye viviendas destinadas al turismo. De nuevo encontramos, con algunas variantes, los mismos elementos: el Estado concede un estatus legal que posibilita la enajenación, el gran capital emprende una expansión intensiva (conversión de las tierras en una mercancía turística), la legislación favorece al gran capital y los derechos de los pueblos que habitaban la zona son cuestionados.

Otro caso más con la misma dinámica es la concesión otorgada a Inversiones los Pinares en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. Sus propietarios son Lenir Pérez y Ana Facussé. El Instituto Hondureño de Geología y minas (INHGEOMIN) entregó seis concesiones en el municipio de Tocoa, que suman 3,500 hectáreas para explotación minera a cielo abierto. Gran parte están ubicadas en el perímetro del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía.

La comunidad garífuna de Barra Vieja representa ese caso de desalojo de alto costo. Sus habitantes han sido demandados ante los tribunales por usurpación de tierras y han padecido reiteradas embestidas de desalojo (las dos primeras el 6 de agosto y el 29 de septiembre de 2013), algunas exitosas, a juzgar por el cálculo de 60% de personas que emigraron de la comunidad. En 2008 el ministro del Turismo de turno, Ricardo Martínez, solicitó al presidente Manuel Zelaya medidas contra la comunidad de Barra Vieja porque su presencia afectaba el desarrollo turístico de la zona. Demandas ante los tribunales y solicitudes de desalojo fueran presentadas por la Empresa Nacional Portuaria (ENP) que se considera la legítima dueña de esas tierras, aduciendo que le fueron donadas por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT). Se especula que el desalojo tiene por objetivo la adjudicación de esas tierras al megaproyecto turístico Los Micos Beach and Golf Resort, hoy definitivamente rebautizado Indura Beach and Golf Resort, propiedad de la sociedad mercantil Desarrollo Turístico Bahía de Tela S.A. de C.V. (DTBT), que fue denunciada por Global Witness por su participación en el blanqueo de 330 millones de dólares que salieron de las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un descomunal desfalco que podría haber ocasionado la muerte de casi tres mil personas por falta de medicinas y asistencia sanitaria.

Los caciques de los países menos urbanizados se asemejan. Su modelo se monta sobre la conquista de nuevos territorios y el despojo. Mel Zelaya y Juan Orlando Hernández en Honduras, y Daniel Ortega en Nicaragua, han aplicado la misma cartilla de expansión extensiva. La camarilla de Ortega está detrás de los despojos y asesinatos en la costa caribe: mafias madereras que se benefician de las arremetidas de los ganaderos que entran a los territorios indígenas como punta de lanza de operaciones de desalojo y despojo. En la Centroamérica de hoy se debaten dos modelos de acumulación capitalista: patriarcas agrarios que fomentan una expansión extensiva basada en el despojo y líderes urbanos que buscan fortalecer el Estado y su masa de seguidores con los nuevos medios de las redes sociales y revigorizando el sector terciario de la economía. Recuerdan la división medieval de las formas de acumulación que Georfes Duby explicó: el espíritu de cruzada que fue la acumulación primitiva del capital monetario y el espíritu mercantil, es decir “conseguir botines con las armas en la mano” o aplicarse a “operaciones comerciales de carácter pacífico” que prefería negociar con –y no matar a- los infieles.

Esta versión de la historia que minimiza –sin ignorar– el papel de la ideología parte de una visión materialista: la estructura más o menos urbana del país, condiciona el tipo de mandatario: un gerente que tuitea sus órdenes ejecutivas (Bukele), un médico que cura recetando pena de muerte pero que no puede realizar su sueño de convertirse en doctor Guillotin debido a la heterogeneidad estatal (Giammattei) o dos capataces que mandan a ejecutar a los peones insumisos y que prefieren matar que negociar con los infieles (Ortega y Hernández).

No hay determinismo fatalista en esta historia. Hay en todo caso un determinismo optimista: la era de los caciques agrarios está llegando a su fin por fuerzas que ni ellos ni nadie consigue detener. Con el entierro de estos caciques, Centroamérica estará diciendo adiós a muchas décadas de patriarcado institucional en las repúblicas agrarias. El sistema orteguista produjo inicialmente un espejismo porque la Vice-presidente supo darle un barniz de modernidad globalizada. Pero había y hay homofobia, catolicismo conservador, evangelismo sicotrópico, clientelismo, femicidios, etc., que son estertores de la sociedad que muere. Son reacciones a las nuevas fuerzas sociales, encarnadas –en parte- por mujeres que sostienen los hogares y no se doblegan ante los machos que quieren imponerse.

Por eso hay muchos políticos cuya carrera está terminada. A veces algún periodista despistado les insufla algo de vida cuando los entrevista –aunque después los machaque, como hizo Jaime Bayly con el político conservador Noel Vidaurre-, pero no son más que muertos que viven en una sociedad agraria que solo en sus cabezas se encuentra en su plenitud. En ese grupo de muertos vivientes están los y las comandantes que participaron en la represión de los años 80 y en la piñata de 1990, los políticos zancudos y puñaleros, y muchos más. ¿De verdad quieren seguir en la política para prestar un servicio a la ciudadanía? El mejor servicio a prestar ahora es apartarse de la política porque son polarizantes y porque su presencia vacuna contra las causas que apoyan.

Y también porque pertenecen a otra época. La generación nueva ya irrumpió. Su carácter es más urbano y semejante al de Bukele en algunos aspectos, lo cual no nos dice nada sobre su capacidad intelectual y su catadura moral, sino sobre su actualidad o arcaísmo. Estar urbanizados no significa haberle dado el esquinazo a los problemas. De hecho, acelerar la urbanización con la globalización, ha traído otros problemas. Otros, muy distintos de los muertos vivientes que todavía se resisten a salir del escenario político en Honduras y Nicaragua.

No se trata de que lo agrario represente el mal y lo urbano el progreso. Tampoco se trata de glorificar el progreso, como sea que se defina. Lo que importa aquí es que hay una tendencia que se infiere del peso de la población urbana y de su correlación con el funcionamiento de la política, sus protagonistas y sus estilos. Sin duda el resto de países centroamericanos no seguiremos exactamente la misma trayectoria que El Salvador. Pero el ejercicio de contrastarnos ofrece algunas claves interpretativas para identificar tendencias y sus significados.

No hay superioridad moral inherente a estar a la altura de los tiempos. Tampoco es señal de una inteligencia superior, sino simplemente de la pertenencia a un grupo social que está en ascenso y no en declive, y eso confiere ventajas a los que van en la locomotora en lugar de estar pereceando en los rieles. Sin embargo, no hay que olvidar que las fuerzas que moldean las estructuras sociales no se reducen a la tensión agrario/urbano. Las clases sociales, los intereses étnicos y las luchas de género son otras fuerzas importantes que jalonan el carro hacia el futuro sin muertos vivientes.

Las y los jóvenes –no solo los urbanos, pero predominantemente ellas y ellos– expandieron el horizonte de posibilidades de la política. Los muertos vivientes están desapareciendo de dos en dos, de tres en tres… Somos testigos, y a veces protagonistas, de un punto de inflexión en la política.

José Luis Rocha

Investigador asociado de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

2 comentarios en «Patriarcas otoñales y líderes urbanitas»

  1. Excelente artículo! Una cátedra condensada de la historia política centroamericana de los últimos años. Me enseñó mucho.

  2. Un extraordinario análisis, de lo mejor que se ha escrito sobre la región en contenido y forma. Solo lamento que carece de un aspecto fundamental, El peso de la economía negra, aquella que proviene de lo ilícito y su impacto en nuestras sociedades desde la cultura a la política: el crimen ya no organizado sino institucionalizado, la corrupción no como excepción sino cómo regla. Todo ello en el contexto de países orillados por la globalización Hasta casi ser las favelas del mundo, que ponen la mano de obra a las maquilas y viven de las basuras de los países ricos, llamadas elegantemente Bienes de segunda mano.

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